La iguala jurídica TSCM es un contrato anual de asesoramiento jurídico preventivo para empresas y despachos de abogados. Su objeto es comprobar de forma periódica que los espacios de decisión no están siendo escuchados, grabados ni observados sin autorización. El medio de comprobación es el barrido electrónico. El resultado, en cada intervención, es un dictamen jurídico.

A diferencia de un barrido puntual, que responde a una sospecha concreta, la iguala se contrata sin sospecha previa. Su finalidad es que la organización pueda acreditar que protege su información sensible con medidas razonables. Y que, si algún día aparece algo, la reacción ya esté prevista. Todo el encargo se desarrolla dentro de la relación abogado-cliente y queda amparado por el secreto profesional.

Iguala jurídica TSCM: sala de juntas de un despacho de abogados preparada para una revisión periódica de contramedidas electrónicas

Tabla de contenidos

¿Qué es la iguala jurídica TSCM?

Una iguala es la fórmula tradicional con la que un despacho de abogados presta asesoramiento continuado a cambio de una cuota periódica. La iguala jurídica TSCM aplica esa misma fórmula a un riesgo concreto: la captación no autorizada de información. Los espacios típicos son despachos, salas de reuniones, oficinas de dirección y vehículos de la organización.

El servicio lo presta Barrido Electrónico Jurídico a través de Ignacio Javier Oliva Fano, abogado colegiado en Madrid con formación en contramedidas electrónicas. No interviene ningún proveedor externo. La misma persona que revisa técnicamente el espacio valora después qué derechos podrían estar afectados y qué conviene hacer.

Conviene entender bien el orden de las cosas. El objeto del encargo es jurídico: asesorar sobre la protección de la información confidencial de la organización. El barrido electrónico es el instrumento que permite emitir ese asesoramiento con base real, no una prestación técnica independiente. Puede conocer los fundamentos de este planteamiento en la página sobre qué es el barrido electrónico jurídico y qué límites tiene.

¿Qué incluye el programa anual?

La iguala se compone de cinco elementos. Los tres primeros se pactan al inicio con un alcance cerrado. Los dos últimos son los que justifican pagar una cuota en lugar de contratar barridos sueltos.

Barrido inicial de referencia

Al comienzo del contrato se realiza una revisión integral de todos los espacios incluidos en el alcance. Esta primera intervención fija el estado de partida. Registra qué señales de radiofrecuencia son habituales en el entorno y qué elementos físicos existen en cada sala. También identifica qué anomalías, si las hay, deben aclararse.

Sin ese punto de referencia, las revisiones posteriores pierden gran parte de su valor. Detectar un cambio exige saber cómo estaba antes el espacio.

Revisiones periódicas pactadas

A lo largo del año se repiten revisiones con la frecuencia acordada, que puede ser mensual, bimestral o trimestral según el riesgo. Estas revisiones no tienen por qué ser idénticas a la inicial. Lo habitual es concentrarlas en los espacios de mayor riesgo. Por ejemplo, la sala de juntas, el despacho de dirección o del socio y las salas donde se reciben clientes con asuntos reservados.

La periodicidad no la marca ninguna norma. Se fija en función del valor de la información y del tráfico de personas ajenas. También influye la frecuencia con la que cambian el mobiliario, las instalaciones o los proveedores.

Revisiones por evento

Hay momentos en los que el riesgo de captación sube de forma clara. Por ejemplo, un consejo de administración, una negociación con una contraparte o unas obras en la oficina. También la salida conflictiva de un directivo o la entrada de un proveedor de mantenimiento. La iguala permite programar una revisión antes de esos hitos, sin esperar a que exista una sospecha. El número de revisiones por evento incluidas se pacta en el contrato.

Respuesta ante una sospecha

Si en cualquier momento del año surge una sospecha fundada, el cliente cuenta con un plazo de respuesta comprometido. Su interlocutor ya conoce sus instalaciones y su contexto. Además, sabe de antemano cómo se actuará si se localiza algo, porque el protocolo de hallazgo forma parte del contrato desde el primer día.

Dictamen jurídico tras cada intervención

Cada revisión concluye con un dictamen jurídico TSCM que recoge qué se revisó, qué se observó y qué vías existen. En una revisión sin hallazgos, el dictamen documenta el alcance, las condiciones y las limitaciones de lo revisado. Ese documento es el que permite a la organización acreditar, cuando lo necesite, que adoptó medidas razonables de protección.

Si hay un hallazgo, el dictamen valora qué derechos podrían estar afectados y qué opciones existen, sin dar por hecho que alguna prosperará. No se emiten informes periciales. Si un procedimiento exigiera prueba pericial, la elaboraría un perito independiente.

¿Para quién tiene sentido una iguala de contravigilancia?

La iguala tiene sentido cuando la organización maneja de forma habitual información cuya captación causaría un daño relevante. En la práctica, esto ocurre sobre todo en tres perfiles.

  • Despachos de abogados y asesorías. El secreto profesional del despacho depende de que sus salas sean seguras. Una escucha en la sala de reuniones compromete a todos los clientes que pasan por ella. Puede ampliar esta cuestión en la página dedicada al barrido electrónico en despachos de abogados.
  • Empresas con secretos empresariales, negociaciones en curso o conflictos societarios. Aquí el riesgo suele venir de dentro o de contrapartes con interés directo.
  • Órganos de administración y dirección. Consejos, comités y comisiones donde se toman decisiones cuyo conocimiento anticipado tiene valor para terceros.

Para un particular o para una sospecha aislada, la iguala no es la vía adecuada. En esos casos lo razonable es un barrido electrónico puntual con su dictamen.

¿Por qué contratarla con un abogado y no con un proveedor técnico?

Un técnico puede localizar y describir un dispositivo o una anomalía. Un abogado con formación TSCM puede, además, valorar qué derechos están en juego y qué conviene hacer con lo encontrado. Cuando ambas funciones las asume la misma persona, cada revisión se plantea sabiendo para qué puede servir su resultado.

Lo que sí puedo prometer

No prometo resultados judiciales, porque ninguna intervención puede asegurarlos. Lo que sí puedo prometer es mi actuación antes, durante y después de cada revisión:

  • Secreto profesional desde el primer contacto. Lo que me confíe, lo que observe y lo que se documente queda amparado por el secreto profesional del abogado. Un técnico o una empresa de seguridad pueden asumir un compromiso de confidencialidad. No pueden ofrecer el secreto profesional del abogado, que la ley protege de forma específica.
  • Preservación de la evidencia. Si se localiza un dispositivo, se evita alterarlo y se documenta su estado, ubicación y manipulación. Así, una posterior cadena de custodia puede iniciarse con garantías.
  • Decisión informada sobre denunciar o no. La decisión de denunciar es exclusivamente del cliente. Mi función es que la tome informado y no por impulso. Antes conocerá el encaje jurídico de lo hallado, qué implica cada opción y qué salvedades impone la ley.
  • Interlocución y acompañamiento como abogado. Si el cliente decide actuar, soy yo quien se comunica con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como letrado contratado si así se dispone. Además, le acompaño en la denuncia o querella y en lo que siga.

Lo que cambia en una relación anual

En una relación anual, estas ventajas se multiplican. El protocolo de hallazgo, la persona autorizada a recibir información y la forma de programar las visitas con discreción se pactan una sola vez. Después valen para todo el año. Esto importa porque, en muchos casos, quien capta información está dentro de la organización.

Revisión opcional de teléfonos de socios y directivos

Los teléfonos de socios, administradores y directivos concentran hoy más información sensible que cualquier sala. Por eso la iguala puede incluir, como módulo opcional, una revisión periódica de esos terminales para descartar software espía. La revisión se realiza sin instalar nada en el teléfono y con el terminal en manos de su titular.

Este módulo se contrata aparte y con reglas propias, porque el teléfono lo usa una persona aunque lo pague la empresa. Cada titular presta su consentimiento individual y la revisión se limita a indicadores de compromiso, nunca al contenido de sus comunicaciones. Antes de incluirlo, se comprueba la titularidad del terminal, su régimen de uso y la política de dispositivos de la organización.

En un despacho hay una razón añadida para esta cautela: el móvil del socio contiene secretos de sus propios clientes. La revisión se diseña para no acceder a ellos.

¿Cómo se fija el importe de la iguala?

El importe se acuerda con cada cliente en función de tres variables que son:

  • el número y tamaño de los espacios incluidos;
  • la periodicidad de las revisiones;
  • el número de revisiones por evento contempladas.

A ello se suma, si se contrata, el módulo de teléfonos.

La cuota se fija al inicio y no varía durante el año salvo que cambie el alcance. No hay coste de desplazamiento en la Comunidad de Madrid ni en Galicia. Encontrará los criterios generales de valoración en la página de precio del barrido electrónico y coste del servicio.

Qué no incluye este servicio

Delimitar lo que no se hace es tan importante como describir lo que se hace. Evita expectativas que ninguna revisión puede cumplir.

  • No es un servicio de seguridad privada ni de investigación. No se vigila ni se sigue a personas, ni se intenta identificar autores.
  • No se accede a sistemas, redes o comunicaciones sobre los que el cliente no acredite disponibilidad legítima.
  • No sustituye las medidas de ciberseguridad, de protección de datos ni de control de accesos de la organización. Las complementa.

Preguntas frecuentes

¿Con qué frecuencia conviene hacer una revisión TSCM en un despacho o una empresa?

No existe una periodicidad fijada por norma. En una iguala jurídica TSCM la frecuencia se pacta según el valor de la información, el tráfico de personas ajenas y los cambios en las instalaciones. Lo habitual es un barrido integral inicial y revisiones parciales cada uno, dos o tres meses en los espacios de mayor riesgo. A ello se añaden revisiones antes de reuniones o negociaciones importantes. Un barrido mensual de toda la sede rara vez está justificado.

¿Qué ocurre si durante una revisión periódica se encuentra un dispositivo?

Se aplica el protocolo pactado al inicio del contrato. El dispositivo no se altera, se documenta su estado y su ubicación y se informa solo a la persona designada por el cliente. Después, el dictamen jurídico valora qué derechos podrían estar afectados y qué opciones existen. La decisión de denunciar corresponde al cliente, que la toma con asesoramiento previo y no por impulso.

¿La iguala cubre también los vehículos de la empresa?

Sí, si se incluyen en el alcance. Los vehículos de dirección son un objetivo frecuente de localizadores GPS y balizas. Pueden revisarse con la misma periodicidad que las salas o solo antes de desplazamientos sensibles. El planteamiento se describe en la página sobre barrido electrónico en vehículos y detección de localizadores.

¿Quién dentro de la organización debe conocer la existencia de la iguala?

Cuantas menos personas, mejor. Las revisiones se programan con la persona designada y, cuando es posible, fuera del horario habitual o bajo una cobertura razonable. El motivo es que una parte de los incidentes de captación de información tiene origen interno, y anunciar las revisiones reduce su eficacia. Este criterio se acuerda en el contrato.

Siguiente paso

Si dirige un despacho o una empresa y quiere valorar si una iguala jurídica TSCM encaja con su situación, puede pedir una propuesta. Para ello, indique las sedes, los espacios y la periodicidad que tiene en mente. En ese primer contacto le indicaré con franqueza si el programa tiene sentido en su caso o si basta con un barrido puntual. Todo lo que me traslade queda amparado por el secreto profesional desde ese momento.

Este contenido tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico adaptado a cada caso.