El espionaje en la pareja es el control encubierto de una pareja o expareja a través del móvil, de un localizador oculto en el coche o de cámaras y micrófonos en el hogar. Casi nunca es un hecho aislado. Suele formar parte de una dinámica de acoso que se intensifica en los momentos de ruptura, separación o disputa por la custodia de los hijos.

Quien lo sufre se hace dos preguntas a la vez: si de verdad le están vigilando y qué puede hacer legalmente. Este artículo responde a ambas. Explica qué delitos pueden concurrir según el medio empleado y por qué colocar un GPS no siempre es delito, aunque sí pueda dar lugar a una indemnización. También describe cómo se revisan el móvil, el coche y la vivienda, y para qué sirve un dictamen jurídico antes de denunciar o demandar.

Móvil con símbolo de localización junto a un rastreador GPS, una minicámara, dos alianzas y una balanza de justicia.

Tabla de contenidos

¿Cuándo el control en la pareja se convierte en espionaje con relevancia jurídica?

El control en la pareja adquiere relevancia jurídica cuando una persona accede sin consentimiento a información que la otra quiere mantener reservada, o vigila sus movimientos de forma oculta. La convivencia, el matrimonio o la copropiedad del coche o de la vivienda no convierten esa vigilancia en legítima. El derecho a la intimidad que reconoce el artículo 18.1 de la Constitución pertenece a cada persona, no a la pareja como unidad.

Conviene distinguir tres situaciones. La primera es el control aceptado, como compartir la ubicación de mutuo acuerdo. La segunda es el control que se consintió en su día y ya no se quiere, por ejemplo una ubicación compartida que nadie desactivó tras la ruptura. La tercera es la vigilancia encubierta, de la que la víctima no sabe nada. Las consecuencias jurídicas cambian mucho de una situación a otra, y por eso el primer paso es averiguar en cuál se encuentra usted.

Señales que suelen aparecer antes de descubrir el dispositivo

En la práctica, la sospecha rara vez nace de un hallazgo técnico. Nace de detalles que no encajan. La pareja o expareja conoce un lugar donde usted estuvo y que no le contó. Aparece «por casualidad» donde usted se encuentra. Cita frases de conversaciones privadas o mensajes que nunca le enseñó.

Otras señales son más técnicas. Su teléfono le avisa de un rastreador desconocido que se desplaza con usted. Aparecen sesiones abiertas en dispositivos que no reconoce, cambios en la configuración de sus cuentas o un consumo anómalo de batería o de datos. Ninguna de ellas prueba por sí sola que exista espionaje. Sí justifican una revisión ordenada antes de sacar conclusiones o de enfrentarse a la otra persona.

Si su sospecha se centra en el teléfono, le resultará útil la guía sobre cómo saber si un móvil está siendo espiado.

Por qué conviene analizar el conjunto y no solo el aparato

Un localizador en el coche, considerado de forma aislada, puede tener un encaje jurídico limitado. Ese mismo localizador, sumado a llamadas insistentes, presencias inesperadas y mensajes que demuestran que la otra persona conoce su rutina, puede describir un patrón de acoso con un encaje muy distinto. Los tribunales valoran los hechos en su contexto.

Por eso es un error tratar cada indicio por separado o retirar el dispositivo sin documentarlo. Lo que convierte un hallazgo técnico en una prueba útil es poder relacionarlo con el resto de la conducta: fechas, lugares, mensajes y testigos. Esa relación es precisamente lo que debe ordenar el análisis jurídico.

¿Qué delitos pueden cometerse según el medio de espionaje utilizado?

El Código Penal no recoge un delito específico de «espiar a la pareja». El encaje depende de qué se hizo, con qué medio y con qué resultado. Un mismo caso puede encajar en varios tipos penales a la vez, o en ninguno, aunque la conducta sea claramente reprochable. Las referencias normativas que siguen deben contrastarse siempre con la redacción vigente del Código Penal.

El teléfono móvil: mensajes, cuentas y aplicaciones espía

El acceso al móvil de la pareja es el supuesto con un encaje penal más claro. El artículo 197.1 del Código Penal castiga a quien actúa para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento. Las conductas típicas incluyen apoderarse de sus mensajes o documentos, interceptar sus telecomunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha o grabación. Leer y copiar conversaciones de mensajería, reenviarse fotografías o instalar una aplicación que capture mensajes puede encajar en este precepto.

El acceso a cuentas en la nube, al correo electrónico o a copias de seguridad puede activar otros preceptos. El apartado 2 del mismo artículo se refiere a los datos reservados registrados en soportes informáticos. El artículo 197 bis sanciona el acceso no autorizado a sistemas de información vulnerando medidas de seguridad. Conocer la contraseña por haber convivido no equivale a estar autorizado para usarla.

Si además las imágenes o conversaciones obtenidas se difunden o se muestran a terceros, la pena se agrava. Existe también un supuesto específico, el del artículo 197.7, para la difusión sin permiso de imágenes íntimas que se obtuvieron con consentimiento. Ese precepto prevé una agravación expresa cuando el autor es o ha sido cónyuge o pareja de la víctima, aun sin convivencia.

En el plano técnico, conviene saber que en los asuntos de pareja el acceso al teléfono con frecuencia no procede de herramientas sofisticadas. Lo habitual es que se apoye en la convivencia: un código de desbloqueo conocido, una cuenta compartida, la ubicación activada en una función familiar o una aplicación de control instalada en un momento de descuido. Si necesita acreditar este tipo de acceso, consulte la guía sobre cómo demostrar que le espían el móvil.

Cámaras y micrófonos ocultos en el domicilio

Instalar una cámara oculta o un micrófono en la vivienda para captar a la pareja encaja, en principio, en el control audiovisual clandestino del artículo 197.1. Ese precepto menciona expresamente los artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen. Que la casa sea común, o incluso propiedad exclusiva de quien instala el dispositivo, no autoriza a grabar a otra persona en su intimidad.

La ubicación importa. No tiene la misma lectura una cámara de seguridad visible en la entrada, conocida por todos los convivientes, que una cámara camuflada en un cargador del dormitorio o del baño. Lo determinante es la ocultación y la finalidad de captar la vida íntima, no el aparato en sí.

Hay una distinción que genera muchas dudas. Grabar una conversación en la que uno mismo participa no vulnera, por sí solo, el secreto de las comunicaciones, según la doctrina constitucional iniciada con la STC 114/1984. Dejar una grabadora para captar conversaciones ajenas, en las que el autor no está presente, es algo muy distinto: aquí sí se intercepta lo que otros dicen en privado. La página sobre detección de micrófonos y grabadoras ocultas explica cómo se buscan estos dispositivos.

El localizador GPS o la etiqueta tipo AirTag en el coche

Este es el supuesto que más sorprende a quien lo sufre: colocar un localizador GPS en el coche de la pareja no siempre constituye un delito de descubrimiento de secretos. Varias audiencias provinciales han absuelto por el artículo 197 en casos de este tipo, con un razonamiento que conviene conocer.

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia 278/2024, de 20 de mayo (Sección 26.ª, ECLI:ES:APM:2024:11485), absolvió por este delito a un hombre que había permitido colocar una baliza en el coche que usaba su esposa. El tribunal razonó que el dispositivo solo permitía conocer la ubicación del vehículo. No suponía apoderarse de documentos ni de efectos personales, no captaba imágenes ni sonidos y no daba acceso a datos reservados de ningún registro. La condena por amenazas en el ámbito familiar se mantuvo.

En la misma línea se pronunció la Audiencia Provincial de León en su sentencia 278/2025, de 18 de junio (Sección 3.ª). Absolvió por el artículo 197 a dos personas que habían colocado localizadores en los bajos de los coches de una expareja y de su nuevo compañero. La sala admitió que esa conducta puede afectar a la intimidad en sentido amplio. Sin embargo, concluyó que no encaja en ninguna de las conductas que describe el tipo penal.

Cuándo el localizador sí puede ser delito

Que el localizador no constituya descubrimiento de secretos no significa que nunca sea delito. La Audiencia Provincial de Valladolid, en su sentencia 303/2021, de 4 de noviembre (Sección 4.ª), lo dejó claro. Confirmó la condena de un marido por coacciones leves en el ámbito familiar del artículo 172.2 por ocultar un localizador en el maletero del coche de su esposa.

El dispositivo le avisaba cada vez que ella movía el vehículo. La vigilancia se combinaba con preguntas insistentes a ella y a su familia sobre dónde estaba, y la víctima llegó a cambiar sus rutinas. Ese efecto sobre su libertad forma parte de los hechos que sustentan la condena.

La diferencia entre unos casos y otros no está en el aparato, sino en lo que se acredita a su alrededor. Cuentan la duración, la intención de controlar, el efecto sobre la vida de la víctima y el resto de conductas. Las etiquetas de tipo AirTag, SmartTag y sus imitaciones plantean el mismo análisis jurídico que un GPS convencional, aunque técnicamente funcionen de otra manera. Puede ampliar el enfoque técnico en la página sobre barrido electrónico en vehículos y localizadores ocultos.

El delito de acoso del artículo 172 ter

El artículo 172 ter del Código Penal castiga a quien acosa a una persona de forma insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado, y altera así el normal desarrollo de su vida cotidiana. Entre las conductas previstas están vigilarla, perseguirla, buscar su cercanía física o intentar contactar con ella por cualquier medio. La doctrina incluye en la conducta de vigilar la observación a distancia mediante dispositivos como un GPS o una cámara.

La redacción original exigía una alteración «grave» de la vida cotidiana. La reforma operada por la Ley Orgánica 10/2022 suprimió ese adjetivo, lo que facilita perseguir conductas que antes quedaban fuera del tipo. Aun así, el Tribunal Supremo, desde su sentencia de Pleno 324/2017, de 8 de mayo, exige un patrón de conducta sistemático y no simples episodios aislados.

Cuando la víctima es o ha sido cónyuge o pareja del autor, el apartado 2 prevé una pena agravada y no exige la denuncia previa de la persona agraviada. El mismo artículo establece que estas penas se imponen sin perjuicio de las que correspondan por los delitos en que se concreten los actos de acoso. Es decir, el acoso puede sumarse al delito contra la intimidad por el acceso al móvil o a unas amenazas.

Si existe una orden de alejamiento y la persona usa la información del localizador para acercarse, puede añadirse además un delito de quebrantamiento de medida cautelar del artículo 468. Esta acumulación de figuras es la razón por la que un análisis limitado al aparato encontrado suele quedarse corto.

¿Si colocar un GPS no es delito, queda impune? La vía civil y la indemnización

No queda impune. Que una conducta no encaje en un tipo penal no impide reclamar por la vía civil. La propia Audiencia Provincial de Madrid, en la sentencia citada, advirtió que no toda intromisión en la intimidad tiene consecuencias penales, aunque sí pueda tenerlas en otros ámbitos. Esa vía es la que muchas víctimas desconocen y la que, con frecuencia, ofrece una respuesta más completa al daño sufrido.

La Ley Orgánica 1/1982 y la presunción de perjuicio

La Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, considera intromisión ilegítima el emplazamiento de aparatos de escucha, de filmación o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. También lo es su utilización para conocer esa vida íntima.

Las cámaras y micrófonos ocultos encajan de forma directa en esa definición. El localizador GPS exige argumentar que la geolocalización sistemática revela aspectos de la vida íntima.

Para ese argumento existe un apoyo sólido. El Tribunal Supremo, en su sentencia 141/2020, de 13 de mayo (ECLI:ES:TS:2020:881), analizó una investigación policial. Recordó que seguir un vehículo mediante GPS supone una injerencia en la intimidad, aunque de menor intensidad que otras. La Circular 4/2019 de la Fiscalía General del Estado, citada por la Audiencia de Madrid, va más allá. Subraya que saber que alguien visitó un centro sanitario, un lugar de culto o un domicilio concreto revela datos íntimos.

La gran ventaja de esta ley está en su artículo 9.3: acreditada la intromisión ilegítima, el perjuicio se presume, y la indemnización se extiende al daño moral. La víctima no tiene que demostrar que sufrió un daño económico concreto, aunque sí conviene aportar elementos que permitan valorar su alcance.

El artículo 1902 del Código Civil como vía complementaria

El artículo 1902 del Código Civil establece la regla general de que quien causa un daño a otro por acción u omisión, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a repararlo. Es la vía clásica de la responsabilidad extracontractual. En los casos de espionaje entre parejas opera de forma complementaria, para reclamar perjuicios económicos concretos o cuando el daño no encaja con claridad en la ley de protección de la intimidad.

La diferencia práctica es relevante. Por el artículo 1902 hay que probar el daño, su cuantía y su relación de causa con la conducta. Por la Ley Orgánica 1/1982, el perjuicio se presume una vez probada la intromisión. Elegir mal la base de la reclamación puede debilitar una demanda que, con otro enfoque, tendría más recorrido.

Cuando el hecho sí es delito, la Ley Orgánica 1/1982 remite al Código Penal. No obstante, sus criterios siguen sirviendo para fijar la responsabilidad civil derivada del delito, que puede reclamarse dentro del propio procedimiento penal.

Qué puede reclamarse y cómo se acredita el daño

En una reclamación civil por espionaje de la pareja o expareja pueden plantearse, según el caso, varios conceptos:

  • El daño moral derivado de la intromisión: la angustia, la sensación de vigilancia permanente y la pérdida de tranquilidad en el propio hogar o en los desplazamientos.
  • Los gastos de tratamiento psicológico, si fue necesario, acreditados con facturas e informes.
  • Los gastos de detección y documentación, como la revisión técnica del vehículo o de la vivienda, cuya reclamación puede plantearse como daño emergente.
  • Los perjuicios económicos concretos, como el cambio de cerraduras, de teléfono, de número o incluso de domicilio.
  • El cese de la intromisión y la destrucción de las grabaciones o datos obtenidos, que pueden solicitarse junto a la indemnización.

Para valorar el daño moral, los tribunales atienden a las circunstancias del caso, a la gravedad de la lesión y, en su caso, a la difusión producida. Un informe psicológico elaborado por un profesional independiente, los testigos de los cambios de rutina y la documentación del hallazgo refuerzan mucho la petición. Guarde todas las facturas desde el primer día.

Plazos que conviene no dejar pasar

Los plazos son distintos según la vía. La acción de la Ley Orgánica 1/1982 caduca a los cuatro años desde que la persona afectada pudo ejercitarla . La acción del artículo 1902 prescribe al año desde que el perjudicado conoció el daño, conforme al artículo 1968.2 del Código Civil. Los plazos penales dependen del delito concreto.

Hay otro factor temporal que no está en ninguna norma, pero pesa tanto como ellas: la prueba se degrada. Los registros de las aplicaciones se borran, los dispositivos se retiran y los testigos olvidan. Esperar a «tener más pruebas» sin documentar lo que ya existe suele jugar en contra de la víctima.

¿Qué hacer si sospecha que su pareja o expareja le espía?

Si sospecha que su pareja o expareja le espía, lo prioritario es su seguridad y, después, preservar la prueba sin comprometerla. Las primeras decisiones condicionan todo lo que vendrá después, tanto en un procedimiento penal como en uno civil o de familia. Este es un orden de actuación razonable:

  1. Si existe riesgo para su integridad, llame al 112 o acuda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Si es usted mujer y quien la vigila es su pareja o expareja, también puede llamar al 016, el servicio de atención a víctimas de violencia de género. La revisión técnica puede esperar; su seguridad no.
  2. Anote desde hoy, con fecha, cada indicio: lo que la otra persona sabía sin que usted se lo contara, dónde apareció y qué mensajes recibió. Hágalo en un soporte que esa persona no controle.
  3. Evite hablar de sus sospechas en el coche, en casa o desde el teléfono que cree comprometido.
  4. No se enfrente a la otra persona ni le anuncie que va a revisar nada. Advertirla suele provocar la retirada del dispositivo o el borrado de rastros.
  5. Solicite una revisión técnica del móvil, el vehículo o la vivienda orientada a la prueba, y un análisis jurídico de lo encontrado antes de decidir si denuncia, demanda o ambas cosas.

Lo que no debe hacer

Hay errores que se repiten y que pueden echar a perder un caso sólido:

  • Arrancar el localizador o la cámara y tirarlo, o guardarlo sin documentar dónde y cómo estaba. En algunos modelos, la retirada o la pérdida de señal puede alertar a quien lo controla.
  • Abrir el compartimento de la batería o limpiar el dispositivo. Puede conservar huellas u otros restos útiles para identificar a quien lo colocó.
  • Restablecer el móvil a valores de fábrica o desinstalar aplicaciones sospechosas antes de analizarlo. Así se pierden precisamente los rastros que acreditan el acceso.
  • Espiar a su vez a la otra persona para «conseguir pruebas». Puede incurrir usted en las mismas conductas, y la prueba obtenida de ese modo corre el riesgo de ser declarada ilícita (art. 11.1 LOPJ).
  • Publicar el hallazgo en redes sociales o enviarlo a terceros. Puede perjudicar la investigación y abrir conflictos nuevos.

La lógica de todos estos puntos es la misma. Lo que usted haga en las primeras horas puede reforzar o debilitar la prueba de forma irreversible. Ante la duda, no toque nada y pida orientación.

¿Cómo se revisan el móvil, el coche y la vivienda en un barrido electrónico?

Un barrido electrónico es una inspección técnica, realizada con equipos específicos y con método, para localizar dispositivos de escucha, grabación o localización. En un caso de pareja, la revisión no se limita a encontrar el aparato. Debe dejar constancia de qué se revisó, cómo, con qué resultado y en qué estado se encontraba cada elemento. Puede ampliar el concepto en la página sobre el barrido electrónico con enfoque jurídico.

Es importante entender sus límites. Ninguna revisión permite afirmar en términos absolutos que no existe ningún dispositivo. El resultado se refiere siempre al alcance concreto de lo inspeccionado y al momento en que se realizó la inspección.

Revisión del teléfono móvil

En el móvil se buscan aplicaciones de control o espionaje, perfiles y permisos anómalos, sesiones abiertas en otros dispositivos, cuentas vinculadas, ubicación compartida y accesos a la nube. Es habitual descubrir que el problema no es un programa espía instalado, sino una cuenta compartida o una función de localización que la otra persona sigue consultando. Ambas situaciones tienen una relevancia jurídica distinta y deben documentarse de forma diferente.

El análisis se realiza con herramientas profesionales, y su resultado técnico puede incorporarse como anexo al dictamen jurídico. Para una visión más detallada, consulte la guía sobre detección de software espía en el móvil.

Revisión del vehículo

En el coche conviven tipos de amenaza que exigen técnicas distintas. Los localizadores con tarjeta SIM transmiten su posición por la red móvil, a menudo de forma intermitente o solo cuando el vehículo se mueve. Pueden detectarse mediante análisis de radiofrecuencia si emiten durante la revisión. Las etiquetas de tipo AirTag o SmartTag, en cambio, usan Bluetooth de baja energía y se apoyan en los teléfonos cercanos para comunicar su posición.

Existen además registradores pasivos que almacenan el recorrido sin emitir. Solo se descubren con una inspección física minuciosa de los bajos, los paragolpes, los pasos de rueda, el maletero, el hueco de la rueda de repuesto, el conector de diagnóstico y los guarnecidos interiores. Los avisos de rastreo que ofrecen algunos teléfonos ayudan, pero no detectan todos los modelos ni todas las configuraciones. Un dispositivo que no emite puede localizarse, pero no en todos los casos ni en cualquier ubicación.

Revisión de la vivienda

En la vivienda se combinan varias técnicas. Se buscan lentes ópticas, se analiza el espectro radioeléctrico y se revisan la red wifi doméstica y los equipos conectados a ella. También se inspeccionan físicamente los objetos donde suelen camuflarse cámaras y micrófonos. Cargadores, detectores de humo, relojes, enchufes, marcos o altavoces son ubicaciones frecuentes. Además, se revisan los dispositivos inteligentes legítimos de la casa, como cámaras de vigilancia o asistentes de voz, porque la otra persona puede seguir teniendo acceso a ellos.

Este último punto es frecuente tras una separación: la cámara de seguridad que se instaló de común acuerdo sigue vinculada a la cuenta de quien ya no vive en la casa. Técnicamente no hay ningún aparato oculto, pero jurídicamente puede existir una intromisión. Las páginas sobre barrido electrónico en viviendas y sobre detección de cámaras ocultas explican el procedimiento con más detalle.

Qué ocurre si aparece un dispositivo

Si durante la revisión aparece un dispositivo, lo recomendable es no manipularlo, fotografiarlo en su ubicación y valorar su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Así, la retirada puede documentarse con garantías de cadena de custodia, es decir, con constancia de quién lo encontró, cómo se recogió y por qué manos pasó después.

La decisión de denunciar le corresponde a usted. El papel del abogado es que la tome con toda la información y no por impulso, y acompañarle si decide hacerlo.

¿Por qué el dictamen jurídico orienta la futura denuncia o demanda?

El dictamen jurídico es el documento en el que un abogado analiza los hallazgos de la revisión técnica y los hechos del caso. Su objetivo es determinar qué acciones caben, con qué fundamento y con qué riesgos. En el espionaje en la pareja, su función es evitar dos errores frecuentes. El primero, presentar una denuncia que acabe archivada porque los hechos no encajan en el delito elegido. El segundo, renunciar a una reclamación civil viable por creer que, sin delito, no hay nada que hacer.

En Barrido Electrónico Jurídico, el servicio lo presta Ignacio Javier Oliva Fano, abogado especialista en contramedidas electrónicas, colegiado en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. La misma persona que dirige la revisión técnica valora jurídicamente su resultado, y lo que usted le confía queda protegido por el secreto profesional del abogado. Si un procedimiento exigiera prueba pericial, la realizaría un perito independiente.

Puede consultar qué incluye y cómo se estructura en la página del dictamen jurídico tras un barrido electrónico.

Penal, civil o ambas: cómo se decide

Esta tabla resume, de forma orientativa, cómo cambia el planteamiento según lo que se encuentre:

HallazgoPosible encaje penalPosible vía civilQué debe aclarar el dictamen
Aplicación espía o acceso a los mensajes del móvilDescubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP) y, en su caso, acceso ilícito a sistemas (art. 197 bis CP)Responsabilidad civil derivada del delito o Ley Orgánica 1/1982Cómo se produjo el acceso y si puede atribuirse a una persona concreta
Cámara o micrófono oculto en casaControl audiovisual clandestino (art. 197.1 CP)Ley Orgánica 1/1982, con perjuicio presumidoUbicación, grado de ocultación y qué llegó a captar
Localizador GPS o etiqueta en el cocheNo siempre el art. 197; posibles coacciones (art. 172.2 CP) o acoso (art. 172 ter CP) según el contextoLey Orgánica 1/1982 o art. 1902 CCSi existe un patrón de vigilancia y qué efecto tuvo en la vida cotidiana
Ubicación compartida o cámara legítima que la otra persona sigue consultandoDepende del consentimiento y de su retiradaPosible intromisión ilegítima en la intimidadSi el consentimiento se retiró y cómo se acredita

El encaje final depende de los hechos acreditados. Por eso el dictamen no se limita a citar artículos: identifica qué hay que probar en cada vía y qué prueba existe ya.

También ordena la secuencia. Si un procedimiento penal termina en absolución porque el hecho no es delito, la acción civil sigue disponible, salvo que la sentencia declare que el hecho no existió (art. 116 LECrim). Mientras el proceso penal está en marcha, el civil sobre los mismos hechos quedará en suspenso. Decidir el orden de las acciones es una decisión estratégica, no un trámite.

Relación con el proceso de familia y las medidas de protección

Muchos casos coinciden con un divorcio, una ruptura o un conflicto por la custodia de los hijos. El espionaje puede ser relevante para solicitar una orden de protección (art. 544 ter LECrim), para acreditar un patrón de control en el procedimiento de familia o para valorar medidas sobre el uso de la vivienda o del vehículo.

Cuando la víctima es una mujer y el autor es o ha sido su pareja, la competencia corresponde a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Esto influye en dónde y cómo conviene presentar cada acción, y el dictamen tiene en cuenta ese escenario completo.

Un supuesto habitual, anonimizado

Una persona en trámites de separación nota que su expareja aparece en lugares a los que acude sin haberlo comentado. Además, conoce detalles de conversaciones que solo ha mantenido dentro del coche. La revisión del vehículo localiza un GPS oculto bajo un guarnecido interior. El examen del dispositivo muestra que incorpora tarjeta SIM y micrófono, una combinación propia de los modelos que permiten la escucha remota.

El dictamen analiza dos variables que cambian el encaje. La primera es la ubicación. Un localizador imantado en los bajos se coloca sin entrar en el coche. Uno oculto en el interior exige acceder al habitáculo, lo que aquí reduce el círculo de posibles autores a quien disponía de llaves y orienta la búsqueda de huellas.

La segunda variable, más decisiva, es el micrófono. Las audiencias provinciales que han absuelto por el artículo 197 lo hicieron porque el dispositivo solo revelaba la ubicación y no captaba sonido. Un aparato con capacidad de escucha sí puede encajar en el uso de artificios técnicos de escucha o transmisión del sonido. Por eso el dictamen considera viable la vía del descubrimiento de secretos, junto con el posible acoso por el conjunto de la conducta.

El dictamen deja explícito un límite: la revisión acredita que el dispositivo puede escuchar, pero no siempre si llegó a hacerlo. Ese extremo deberá completarse en la investigación. En paralelo, plantea la reclamación civil, ya que la Ley Orgánica 1/1982 considera ilegítimo el propio emplazamiento de aparatos de escucha.

Si el localizador hubiera estado en los bajos y sin micrófono, la vía del artículo 197 sería débil y el peso recaería en el acoso o las coacciones y en la reclamación civil.

Preguntas frecuentes

¿Es delito poner un GPS en el coche de mi pareja o expareja?

No siempre es delito de descubrimiento de secretos: varias audiencias provinciales han absuelto por el artículo 197 del Código Penal porque el localizador solo revela la ubicación del vehículo. Sin embargo, según el contexto, puede encajar en coacciones en el ámbito familiar o en el delito de acoso del artículo 172 ter. Aunque no haya delito, puede reclamarse una indemnización por vía civil por intromisión en la intimidad. El encaje concreto depende de los hechos que se acrediten.

¿Puedo reclamar una indemnización si mi expareja me espiaba?

Sí, es posible reclamar por la vía civil, incluso cuando los hechos no constituyen delito. La Ley Orgánica 1/1982 presume el perjuicio una vez acreditada la intromisión ilegítima en la intimidad y permite indemnizar el daño moral. De forma complementaria, el artículo 1902 del Código Civil permite reclamar daños concretos si se prueban. La cuantía depende de las circunstancias del caso y de la prueba aportada.

¿Es delito entrar en el móvil de mi pareja si conozco su contraseña?

Conocer la contraseña por haber convivido no equivale a estar autorizado para acceder al teléfono ni a sus mensajes. Leer, copiar o reenviar conversaciones privadas sin consentimiento puede encajar en el delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197 del Código Penal. Si se accede a cuentas en la nube o a sistemas protegidos, pueden concurrir otras figuras. La valoración exige analizar cómo se produjo el acceso y qué se obtuvo.

¿Debo quitar el localizador o la cámara si lo encuentro?

Lo recomendable es no manipularlo, fotografiarlo en su ubicación y no abrir la batería, porque puede conservar huellas útiles. En algunos modelos, retirarlo puede alertar a quien lo controla. Conviene valorar su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que la retirada quede documentada con garantías. La decisión de denunciar corresponde siempre a la persona afectada.

¿Para qué sirve un dictamen jurídico si ya he encontrado el dispositivo?

En un caso de espionaje en la pareja, el dictamen jurídico analiza el hallazgo junto con el resto de hechos para determinar qué acciones penales o civiles son viables y con qué fundamento. Evita presentar una denuncia por un delito que no encaja o renunciar a una reclamación civil posible. También identifica qué prueba falta y en qué orden conviene ejercer las acciones. No garantiza un resultado judicial, pero reduce el riesgo de errores de planteamiento.

Siguiente paso

Si sospecha que su pareja o expareja accede a su móvil, sigue sus desplazamientos o le graba en casa, no actúe a ciegas. El primer paso es una revisión técnica bien documentada y una valoración jurídica. La intervención no tiene coste de desplazamiento en la Comunidad de Madrid ni en Galicia, y puede consultar las condiciones en la página de precio del barrido electrónico.

Puede exponer su caso con discreción a través de la página de contacto. Este contenido tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento jurídico adaptado a cada caso.